Los Servicios
Públicos constituyen una de las bases del llamado Estado del bienestar y
permiten la satisfacción de las necesidades más básicas de la ciudadanía
(suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones, sanidad,
enseñanza, cultura, vivienda y servicios sociales, principalmente). Estos SSPP
se deben prestar en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con
un coste asequible.
El buen
desarrollo de estos Servicios permite la cohesión social y representan un
salario indirecto, beneficiando, sobre todo, a las personas más desfavorecidas
económicamente, considerándose en las sociedades actuales como derechos
fundamentales.
La consecución
de estos Servicios ha supuesto un gran esfuerzo y muchas penalidades a
generaciones anteriores de ciudadanos, de luchas continuas con mejores o peores
resultados, pero todas ellas con entusiasmo y esperanza en un futuro más justo
e igualitario. En ningún momento de la historia del desarrollo de estos
Servicios se puede extraer la idea de que han sido concesiones de las clases
dominantes en aras de una cierta paz social, no se ha dado esta situación
porque el desarrollo del Servicio Público iba en detrimento de sus rentas. Los
Servicios públicos suponen una transferencia
de rentas desde las más elevadas a las más desfavorecidas.
En España,
observamos que las actuaciones y decisiones de las diferentes Administraciones
(Estatal, Autonómica y Local) competentes en el desarrollo, implantación y
ejecución de los Servicios Públicos, en su marco territorial y competencial
correspondiente, cuestionan y se alejan cada vez más de los principios que
deben regir dichos Servicios. La igualdad, el acceso, la universalidad, el
control, etc. Son sustituidos por principios más afines a las teorías del
mercado, que a las prácticas solidarias y de satisfacción de las necesidades de
los ciudadanos.
Un aspecto a
destacar, y que influye en el desarrollo y el modelo de Servicio Público, es de
su financiación, base económica de su funcionamiento y capacidad de actuación.
Las diferentes reformas fiscales acometidas por los diferentes Gobiernos
(Estatal y Autonómica) así como por las Corporaciones Locales, han derivado en
injustas repercusiones para los contribuyentes con menor poder adquisitivo, en
un perjuicio para las arcas públicas y en una restricción de fondos paulatina
hacia el Sector Público, con la excusa de la disminución del endeudamiento. En
realidad, el descenso total de ingresos al Estado procede mayoritariamente de
gravar menos las rentas del capital.
Es más necesario
que nunca que comprendamos la naturaleza de a lo que nos enfrentamos. Se trata
de convertir lo que hasta ahora eran los derechos de todos nosotros, en
mercancías que sólo podrán adquirir aquellos
que disfruten de un alto poder adquisitivo. Los que quieren especular con nuestras
vidas saben que los Servicios Públicos
constituyen áreas de negocio en los que la demanda está asegurada y pretenden construir sobre espacios de derechos,
prósperos mercados de servicios. Se trata de imprimir un nuevo modelo de
relaciones sociales basado en la
sumisión al dinero y a la presunta sabiduría de los mercados financieros.
Los recientes
escándalos de corrupción política nos están demostrando de un modo más claro,
si cabe, que es absolutamente falso el discurso que trata de convencernos de
que no hay dinero o de que los Servicios Públicos no son sostenibles
financieramente. Claro que hay dinero, y lo hay porque lo hemos aportado todos
los ciudadanos. La potenciación o el
desmantelamiento de los servicios públicos son, en primer lugar, una cuestión
de voluntad política, y son, además, una cuestión de modelo de sociedad y de
modelo de país.
Desde que el
PP ha llegado al gobierno se ha empeñado en una brutal ofensiva contra los
derechos de los trabajadores y en una continua y sistemática labor de
desmantelamiento de los Servicios Públicos. Estos Servicios, como decíamos más
arriba, son factores esenciales para una sociedad más igualitaria y son
palancas para poder paliar de un modo más eficaz los efectos de la crisis que estamos
sufriendo.
No podemos
caer en el error de pensar que estos
ataques han comenzado en 2012, pese a que el PP ha aumentado la virulencia de
los mismos desde ese año. Durante años se ha extendido la teoría según la cual
gestión pública era igual a despilfarro e ineficiencia, además de aprobarse
leyes que favorecían la privatización de ciertos Servicios Públicos. Si
pretendemos luchar por la defensa de los Servicios Públicos, debemos desmontar
este tipo de argumentaciones y demostrar que es posible una gestión de los
recursos públicos eficiente y controlada.
En el caso de
la Comunidad de Madrid, tenemos que constatar que se ha constituido en
vanguardia y campeona de las privatizaciones y los ataques a los servicios
públicos. Tanto el gobierno de Esperanza Aguirre como el de su delfín, Ignacio
González, se han destacado en la aplicación del programa neoliberal en su
versión más radical. Además, esta aplicación del dogma liberal ha ido siempre
acompañada de una irrefrenable tendencia a favorecer a sus “amiguetes” y a
entregarles, de modo muy ventajoso, sustanciosas oportunidades de negocio.
Los
principales ataques perpetrados por el gobierno del PP se han producido contra
la Sanidad y contra la Educación, sectores ambos que constituyen el pilar básico
de nuestro maltrecho Estado de Bienestar. Desde las bases puestas con la
aprobación de la Ley 15/97, hasta el
reciente Decreto Ley 16/2012, se ha recorrido un camino que supone la ruptura
del modelo público y el fin de la universalidad y de la gratuidad en la Sanidad.
En el caso de la Comunidad de Madrid se ha ido profundizando en este sentido a
través de la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de 2001) y del decreto de
creación del Área Única de 2010.
En el caso de
la Educación, el panorama no es muy distinto. Se trata de un sector clave para
lograr la hegemonía ideológica y un importante caladero de “negocio
seguro”. La ofensiva contra la enseñanza
pública comenzó, hace ya ocho años, en la educación infantil creando espacios de
bajo nivel educativo pero generadores de grandes beneficios económicos. Continuaron
con los conciertos educativos: regalando suelo público, detrayendo el dinero de
la escuela pública para que, después de una fuerte campaña de descrédito, fuese
decayendo hasta convertirse en subsidiaria de la privada o concertada.
La brutal
subida de las tasas judiciales supone otro ataque muy evidente a los servicios
públicos. Esta subida impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la
Justicia y sólo permitirá acudir a los tribunales para defender sus derechos a
quienes tengan recursos económicos.
Los Servicios
Sociales están especialmente amenazados por las políticas neoliberales que en
estos momentos quieren imponernos. No se trata sólo de cambios legislativos,
como en apariencia pudiese aparentar, es un cambio ideológico y con vocación de
implantarse como modelo único. La concepción mercantilista de los Servicios
Públicos y en especial de los Servicios Sociales, constituye una acción de
generar el espacio de negocio que han dejado vacante otras actividades
La atención a
los mayores, enfermos crónicos, discapacitados psíquicos y físicos, las
personas con necesidades educativas especiales, los enfermos mentales, las
personas en grave riesgo de exclusión y un largo etcétera, son criminalizados
por su condición. Las instituciones responsables de la acción social actúan de
forma impasible y cruel recortando presupuestos, hechos que ponen la atención
de estas personas en riesgo de desarrollarse o en el caso más favorable de
hacerlo con mínimos de calidad. Dentro del área social no debemos de olvidar a
los trabajadores de estos servicios que eran ya trabajadores maltratados
salarialmente y que los recortes solo van a concluir en una mayor precariedad
laboral.
Desde esta
Asamblea exigimos que se potencien los Servicios Públicos municipales, y
apoyamos la lucha que emprendieron los trabajadores del Ayuntamiento de Pinto,
ante unos políticos incapaces de negociar con sus trabajadores. Ante esa falta
de capacidad y de “tacto”, estos trabajadores mantuvieron un encierro en la
Biblioteca municipal “Javier Lapeña” durante días, en defensa de unas justas
reivindicaciones.
Ahora nos
encontramos la problemática de la empresa municipal ASERPINTO, trabajadores y
trabajadoras siempre mirados con lupa, hasta el punto de ver vulnerados su derechos más básicos como
trabajadores, espiados en cada momento de su jornada, insultados, despreciados
y sancionados en muchos casos y esto está ocurriendo por lo que son y
representan: un Servicio Público municipal.
Contra esta oleada
de privatizaciones, que se extiende a otros sectores, como los transportes o el
de suministro de agua, se han producido movilizaciones y han surgido
plataformas en las que han participado tanto trabajadores como usuarios. Nuestro objetivo principal es que,
desde Pinto, seamos capaces de coordinar estas luchas.
Pretendemos
que, en nuestro municipio, cada lucha por lo público sea una lucha de todos. La
lucha contra los desahucios y otras luchas sociales nos han demostrado que el
deseo expresado en el lema que corean cada vez más ciudadanos, “Sí, se puede”,
es realizable, depende de nuestra voluntad y de nuestro empeño en hacerlo
posible. En Pinto, como en el resto de ámbitos, “Sí se puede”, podemos.
Pinto, 5 de marzo de 2.013
No hay comentarios:
Publicar un comentario