Toda la oposición ha hecho piña contra el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración que ha elaborado el Gobierno y ha denunciado que lo que Mariano Rajoy y su Gobierno pretenden es eliminar todos los servicios sociales en 7.741 de los 8.116 ayuntamientos que hay en España (los de menos de 20.000 habitantes, que representan el 95% del total de corporaciones). En una declaración conjunta a la que no se sumaron ni “populares” ni UPyD, los portavoces del resto de los grupos, los del PSOE, PNV, CiU, IU, ICV, CHA y el Grupo Mixto (Amaiur, BNG-, ERC, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Geroa Bai y Compromís) denunciaron que el anteproyecto no es de recibo porque “tiene como único objetico dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria”, algo ”sin fundamento”, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015.
Todos coinciden en reclamar al Gobierno que retire el Anteproyecto de Ley y elabore uno nuevo “consensuado con las comunidades autónomas, las organizaciones municipalistas y asociaciones ciudadanas, sindicatos y fuerzas políticas”, como especificó Soraya Rodríguez, la portavoz socialista. El texto consensuado por los opositores señala que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.
Por su parte, en un informe elaborado por el PSOE al que ha tenido acceso cuartopoder.es, se añade que el gobierno de Rajoy aprobó en febrero su proyecto para reformar la administración local (“lo llama –dicen con ironía- anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”) para modificar una realidad actual eliminando o privatizando servicios sociales. Los socialistas recuerdan que el 98% de la población en España tiene acceso a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, que canalizando y prestando estos servicios sociales municipales trabajan 50.000 personas y que, cada año, siete millones de ciudadanos se benefician de ellos, según datos de la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, correspondiente a los años 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En ese punto añaden que “lo que quiere hacer Rajoy con su nueva Ley Local es eliminar los servicios sociales en los 7.741 municipios con menos de 20.000 habitantes, despedir al personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales que no desaparezcan a las diputaciones provinciales y privatizar la prestación de esos servicios cediéndolos a empresas concesionarias”.
A su juicio, Rajoy pretende que los servicios que prestan los ayuntamientos sin ser rentables desaparezcan o se privaticen por la vía de quitar competencias al 95% de los ayuntamientos y traspasarlas a las diputaciones provinciales como paso previo a su privatización. “Con la eliminación de todos los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros) condenaría a la marginación a las zonas rurales” porque en ellas los servicios sociales no solo cumplen una función social y solidaria sino que, además, son un elemento que favorece la permanencia de los habitantes en el territorio.
La nueva ley también afectaría, añaden los socialistas, a los grandes municipios porque se producirá una “reducción drástica de las competencias en políticas sociales”. La reforma que quiere hacer el gobierno de Rajoy también afectaría, dicen, a los servicios sociales en los grandes municipios porque les quita gran parte de las competencias en esta materia, dejándolas reducidas exclusivamente a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” (así es como figura en el texto del Gobierno).
El Estado se reserva además la capacidad de fijar el coste estándar de los servicios que puedan seguir prestando –sin atender las especificidades del municipio-. Lo cual, “además de tener poco sentido, se va a traducir sin duda en un recorte de los recursos que los ayuntamientos van a poder dedicar a los servicios sociales”. Y lo cierto es que de los 8.116 ayuntamientos que hay en España, solo 375 tienen más de 20.000 habitantes, pero en ellos viven en torno a 15 millones de personas, un 32% del total de la población.
Para el PSOE, Rajoy, despreciando el buen trabajo de décadas de los ayuntamientos, pretende imponer, con su mayoría absoluta, que los criterios economicistas sean los que rijan, a partir de ahora, el funcionamiento de las corporaciones locales, por encima de la atención a los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad que son, desde hace 30 años, el objetivo prioritario de todos los ayuntamientos.
También se destaca que el proyecto de ley deja en manos de las comunidades autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos, aunque sin decir cómo ni de dónde se van a financiar.
Esto, señalan, supone un claro desprecio a la eficacia de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos desde hace años y al buen trabajo de atención a los ciudadanos que se ha hecho desde ellos. “La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo han hecho y lo hacen bien, en este ámbito, porque son la administración más cercana al ciudadano, porque conocen el terreno y se adaptan a las necesidades de la población”, afirman.
Los socialistas ponen de relieve que todos los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en cambiar la actual Ley por la que se rige la administración local para evitar duplicidades que permitan ahorrar sin perder eficacia y para que la nueva norma deje claramente definidas las competencias de los ayuntamientos y cómo se financian. Pero, precisan. “está claro que el Gobierno no busca una reforma en esa línea, sino vaciar de competencias a más del 90 por ciento de los ayuntamientos”. Tras reclamar el consenso, el PSOE concluye afirmando que “las normas que rigen la administración local, que es la más cercana a los ciudadanos, no pueden imponerse a golpe de mayoría absoluta”.
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